La Corte y el presidente

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Utopía mexicana
La Corte y el presidente

Derelicción.  Este término  lo aprendí de Fernando del Paso en un artículo que no me gustó (El estado laico no necesita el perdón de Dios. La Jornada, 7 y 8 de septiembre de 2010). De todo el texto del palinuro mexicano sólo me quedó el inusitado vocablo.¿Será acaso una nefanda palabra de don Fernando? ¿la habrá escuchado del auténtico Palinuro, en su martirio con los lucanios?

Por bufonada fatigué el avance de la vigésima tercera edición del Diccionario de la Lengua Española, en CD-Rom, y leí complacido; el voquible era eufónico y seductor, derelicción: f. Der. Abandono de una cosa con ánimo de poner fin a la propiedad que se ostenta sobre ella. Y ese fue el delito cometido por la Suprema Corte de Justicia  (SCJN): Derelicción: abandono de su facultad de investigación, con ánimo de poner fin a la propiedad. ¡Ah, y para ello  contó con la complicidad de la Cámara de Senadores! Puedo agregar,  la implícita del presidente de la República, con el silencio celestino de otros. ¡Que atinado es don Fernando del Paso!

Varios tratadistas mexicanos han sostenido que, gracias a la facultad de investigación, la Corte consiguió grandes logros, cuando la ejerció oportunamente. Pero a los jueces naturales de la Corte, esta facultad les provocaba escozor.  Jorge Carpizo, Héctor Fix-Zamudio y José R. Cossio publicaron un libro titulado La Jurisdicción Constitucional en Iberoamérica. En el capítulo correspondiente a México narran dos casos en que gracias a la Corte, se obtuvo Justicia.

En 1946 el gobernador del estado de Guanajuato solicitó la intervención del ejército, para reprimir manifestantes violentos de grupos opositores, en la ciudad de León. La represión provocó la muerte de varios ciudadanos y hubo numerosos heridos. El pueblo urgió al presidente de la República. La Corte ejerció la facultad de investigación y formuló un dictamen aprobado por el Pleno. Se demostró la responsabilidad del gobernante. Días después, el gobernador de Guanajuato renunció a su cargo.

En 1995 la policía del estado de Guerrero disparó sobre campesinos inermes en la población de Aguas Blancas; la realidad consistió en ejecuciones extrajudiciales. Ante la fuerza de la opinión pública, el presidente de la República solicitó la intervención de la Corte. En Abril de 1996 se presentó el dictamen, aprobado por el Pleno. Se demostró la responsabilidad del gobernador del Estado, Rubén Figueroa Alcocer (ordenó camuflar las ejecuciones para dar la impresión que se trató de enfrentamiento armado). Ante el  dictamen de la Corte, el gobernador de Guerrero solicitó licencia y fue suplido por un interino.

El temple y valentía  de aquellos Ministros fue ejemplar. Entre los actuales Ministros, cuatro de ellos participaron en lo de Aguas Blancas. ¿Habrán transmutado su concepto de  Justicia en estos 17 años transcurridos?

En este siglo, del 2006 a la fecha, la Corte se encargó de cuatro investigaciones: el caso de Lydia Cacho en contra del gobernador de Puebla, Mario Marín; la aclaración sobre  responsabilidades por los disturbios de Atenco, estado de México, y en Oaxaca. Y la relacionada con el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. En éstas últimas  privó la tibieza en la Corte;  los dictámenes salieron en camilla y viajaron en burro. Son casos ampliamente conocidos. A veces la indiferencia de la misma gente difumina las verdades. ¿Y que pasó con los cuatro valientes Ministros del caso Aguas Blancas? ¿se les  entibió el agua?

Cuando Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, el 31 de diciembre de 2010, rindió su cuarto y último informe de labores como presidente de la Suprema Corte de Justicia,  blasonó que México posee un Poder Judicial de la Federación  “empeñado en su propia mejoría, exigente en la calidad de sus servicios y abierto e incluyente a los grupos e individuos que quieren conocerlo y evaluarlo”. El análisisdel discurso de despedida reveló numerosos ditirambos a don Felipe Calderón Hinojosa.

Y como homenaje, la Corte Mexicana abandonó la facultad de investigación a la estulticia de  diputados y senadores, para adjudicar impunemente dicha facultad a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y el presidente de la República, los buenos diputados (porque también existen los buenos) y los senadores quedaron mudos, por transigencia, ignorancia o indiferencia. ¡Triste papel  de los legitimados! ¿Y el legítimo? ¿Y el innombrable?…

El abandono de la facultad de investigación por la Corte, actualmente en manos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), es una decisión deplorable que revela la falta de amor de los Jueces Constitucionales. Tal parece que don Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y sus nueve secuaces, aguardaban con expectación la ausencia terrenal del Ministro don José de Jesús Gudiño Pelayo, para desembarazarse de la facultad de investigación.

La CNDH  vio su primera luz en la modesta cuna de un decreto presidencial de Carlos Salinas de Gortari (1990) que, para desgracia, resultaba inconstitucional por falta de facultades del Presidente para expedirlo.  El mismo Gudiño Pelayo, de feliz memoria,  demostró la inconstitucionalidad del decreto, en un ensayo titulado Nota para el diagnóstico constitucional del decreto del 5 de junio de 1990, por el que se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y su “reglamento interior” (Revista Jurídica Jaliciense, año 2, número 4, Guadalajara, Jal., 1992), incluido posteriormente (1998) en el espléndido libro El Estado contra sí mismo, prologado por el recordado Juventino Castro y Castro, de feliz memoria.

Al crear la CNDH  ¿se intentaba formalizar la defensa real de los derechos humanos?… El memorable Gudiño Pelayo sostuvo la teoría de que “la razón que llevó al presidente Salinas de Gortari a la decisión de crear la CNDH  fue la de contrarrestar las fuertes  graves críticas internacionales que existían acerca de la situación que se estaba viviendo en México, y proyectar una imagen de sí mismo, como un Presidente estadista moderno”.

Así las cosas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente su presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia  a la sazón, y sus secuaces (por lo menos 5 de ellos) cometieron el gravísimo delito de Derelicción: “la asombrosa y deplorable decisión de un poder del Estado de desembarazarse de una facultad conferida por la Constitución” (Granados Chapa, MA, Derechos humanos: reforma torcida, Reforma, 17 Dic 2010).

Es increíble la osadía de los cómplices. Pero ¿quién es el verdadero responsable de la reforma del Estado en cuanto justicia, derechos humanos y democracia?¿acaso el presidente de la República? Verifiquemos lo dicho por René Avilés Fabila— perspicaz periodista y hombre de letras–: “Hemos permitido que los caudillos y los partidos secuestren la libertad y la voluntad nacional. Si hubiera un concurso de cuál es el país donde las órdenes provienen de la suma de los intereses de los partidos políticos en contra de la sociedad, el primer sitio sería para México. Lo que hace Calderón cotidianamente es coartar la libertad de expresión e impedir el desarrollo democrático.” (México, cero en democracia, La Crónica, 17 Dic. 2010).

En su momento, Isabel Miranda de Wallace, cara a cara con Felpe Calderón Hinojosa, presidente de todos los mexicanos, hizo una observación: “Señor Presidente: Usted, mucho más que yo, conoce a profundidad los problemas de la Nación. Desde mi humilde punto de vista, la solución a estos problemas empieza en la presidencia.”

Posdata de 2015:
Si revisamos la actuación de la Corte en los tiempos del actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto, da la impresión de existir contubernio entre ambos poderes y no precisamente a favor de la Justicia de los mexicanos. Vale.-MG

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